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Bogotá, 11 de abril de 2008. Desde hace algún tiempo, se ha venido insistiendo por parte de especialistas, y más recientemente de algunos países, en la universalización de la alimentación escolar. Ello obedece a diversas consideraciones. De una parte, la alimentación, en especial de los niños, debe ser considerada un derecho. De otra, cuando se analiza la relación costo/beneficio, éstos últimos son inmensamente mayores para el desarrollo de los niños y el de la sociedad, que el costo económioco y social de no proveer la alimentación.
Teóricamente existen diversas formas de concebir la universalización. No todas apuntan a una financiación exclusiva por parte del Estado. Los niños, cuyas familias puedan pagar parcial o totalmente el servicio de alimentación escolar deberían hacerlo, indican algunos especialistas.
Dos países de nuestra región se han destacado recientemente en lo relacionado con la universalización de la alimentación escolar. De una parte, Brasil ha venido insistiendo que la alimentación escolar es un derecho. Así quedó consignado en el Acuerdo de Recife, aprobado en la III Conferencia de la Red Latinoamericana de Alimentación Escolar. Pero igualmente ha tomado acciones concretas al respecto. El Programa Nacional de Alimentación Escolar de este país sudamericano, ha universalizado el servicio a la totalidad de los escolares. En la actualidad la alimentación escolar cubre a 37 millones de niños y adolescentes. Igualmente ha comenzado a brindar ayuda a países como Haití, Angola, Cabo Verde y Mozambique para extender a ellos su experiencia en alimentación escolar. En esta iniciativa ha recibido colaboración de la FAO.
De otra parte, Bolivia ha promovido un proyecto de Ley de Alimentación Escolar que busca establecer la obligatoriedad de la dotación alimentaria a través de las prefecturas y municipios a todas las escuelas públicas. Hasta ahora, el 55 por ciento de los municipios otorga la alimentación. Este proyecto, que ha recibido el apoyo del PMA y la FAO, fue socializado en un taller en octubre a todos los ministerios, municipios, prefecturas, organizaciones sociales, organismos de cooperación, organizaciones no gubernamentales (ONG). El lema bajo el cual se presentó fue precisamente “El derecho a la alimentación”.
El proyecto de ley reconoce a la alimentación escolar complementaria como parte de los derechos humanos de la persona a una alimentación adecuada, por lo que busca establecer la obligatoriedad de la dotación de este servicio a través de las prefecturas y municipios a todos los establecimientos de educación fiscal. Inicialmente, se promovería la universalización del beneficio de la alimentación escolar complementaria en los ciclos inicial y primario, tanto en el ámbito urbano como rural, aunque luego se pretende ampliar progresivamente al nivel secundario. Paralelamente, se busca promover el desarrollo económico local, impulsando el consumo de alimentos locales.
Otros países como Chile, Colombia y México, por mencionar sólo algunos, han venido haciendo igualmente importantes avances en materia de cobertura de la alimentación escolar. Se parte del conocimiento que la alimentación escolar, además de ayudar a garantizar una adecuada nutrición y por tanto el crecimiento y desarrollo en los niños, promueve su acceso y la permanencia en la escuela, evita la deserción escolar -especialmente de las niñas y niños del área rural- y optimiza el rendimiento académico de la población escolar, además de contribuir a proteger a la población más vulnerable, mejorar su calidad de vida y preparar futuros ciudadanos saludables y condiciones para trabajar por el país.
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